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El presidente del BTF aseguró que “sin la ayuda del Gobierno nacional, el Estado provincial no llega”

El presidente del Directorio del Banco Tierra del Fuego, Carlos Fernández, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la compleja situación que atraviesa la provincia y el rol de la banca pública en un escenario de emergencia donde “todos estamos inundados y tratando de mantenernos a flote”, advirtió.

Si bien recibió el banco en buenas condiciones, sostuvo que “luego fueron pasando cosas que no estaban en la carpeta de nadie. La expectativa era enfrentar una crisis económica dentro de todo normal, como las que estamos acostumbrados los argentinos, pero la aparición del coronavirus cambió totalmente el escenario”.

“Hay una gran caída de la actividad económica y de la recaudación y en esto es importante el rol de la banca pública. La mitad de los recursos del banco provienen del Estado, por la recaudación de tasas, impuestos, y con eso se mueve. Si tenemos una caída de actividad económica del 80 por ciento, la recaudación no llega a caer tanto pero está cayendo mucho, y la responsabilidad primaria del banco es ser agente financiero del gobierno, para que pueda pagar sueldos y gastos, y tener una administración lo más eficiente posible”, expresó.

Aclaró que por el momento el gobierno no está utilizando el descubierto que tiene autorizado. “La autorización viene por el Banco Central y cada banco no puede prestar más que el 25% del patrimonio. Ese es el límite y se aplica tanto a corto como mediano o largo plazo, puede ser un descubierto o un crédito a dos años”, dijo, estimando que a la fecha en forma mensual el gobierno debe desembolsar “1.500 millones en sueldos por todo concepto, contando las jubilaciones”.

Respecto de las herramientas financieras para el sector privado, repasó que “el banco ha desarrollado varias líneas de préstamos, en concordancia con la política nacional, para que no se corte la cadena de pagos en el sector privado y se puedan pagar los sueldos. Hay una línea para el pago de salarios de las empresas. Tenemos unas 440 empresas a las que se gestiona el pago de sueldos, y son 170 millones de pesos por mes. La línea tiene una tasa del 24%, a seis meses con dos de gracia, y a doce meses con tres de gracia con garantía del FOGAR –el fondo de garantía nacional-. Hay otra línea que aumenta los descubiertos autorizados en un 10% sin ningún tipo de gestión; otra para cheques rechazados, y se trabaja con estas empresas que son clientes calificados del banco y conocidos”, dijo.

En cuanto a los créditos para los estatales, indicó que “el banco es agente financiero de la provincia y los municipios y tiene que colaborar para que los dos niveles de gobierno tengan la más eficiente administración de sus recursos. Debe ofrecer alternativas para distintas problemáticas, por eso una de las primeras líneas fue para saneamiento de empleados públicos, sean provinciales, municipales y jubilados, y esto no creo que esté en otro banco del país”.

“Tomamos conciencia del altísimo endeudamiento de los empleados públicos, por el deterioro de la situación económica y los salarios. El banco automáticamente retenía las cuotas de los créditos tomados por el empleado, eso se cortó y se les ofreció acomodar la relación cuota-ingreso, con una tasa más baja, que ronda el 44%. La gente no puede tener comprometido más de un 40% del sueldo líquido y por eso se estira hasta un plazo máximo de 120 meses el plazo”, sostuvo.

El banco está asegurando el pago de sueldos y jubilaciones y el pago de los gastos más elementales, y por otro hemos recibido ayuda del gobierno nacional porque el Estado provincial no llega. Estamos rascando la olla”, alertó.

Según el presidente no hay margen para que el gobierno ponga dinero que no tiene para subsidiar tasas. “En Economía no hay milagros y, si pensamos en una línea de crédito para pagar sueldos a tasa cero, alguien tiene que poner esa tasa. Hoy la provincia no está en condiciones de hacerlo. No es la misma la situación del gobierno de La Pampa, donde el banco no es público totalmente y cada gobierno tiene una capacidad operativa”.

Tampoco se pueden tocar los fondos del endeudamiento salvo que por otra ley se les cambie el destino. “El gobierno anterior tomó 200 millones de dólares de endeudamiento y esos fondos se afectaron a un menú de obra pública. Ese dinero está definido para ese destino. A la fecha hay algo más de 120 millones y se está analizando la forma de poder utilizarlos para otro fin, que será una discusión que tendrá que darse en la Legislatura. Se busca asignar esos recursos a obras de más rápida ejecución y destrabar otras, y eso se puede hacer a través de una ley”, manifestó.