El presidente Javier Milei aseguró que iniciará una ofensiva contra los “jueces laborales”, a quienes responsabiliza por obstaculizar decretos presidenciales y favorecer a los sindicatos. Su alerta generó expectativa tras compartir un mensaje en redes sobre una “motosierra para la industria del juicio”.
Desde el Ejecutivo explican que la creciente cantidad de demandas en el Sistema de Riesgos del Trabajo —que marcaría un récord en 2025— y el cúmulo de fallos que anulan los DNU 70 (laboral), 340 (huelga) y 430 (Día del Trabajador del Estado) muestran un patrón de alineación de la Justicia laboral con los intereses gremiales.
Si bien aún no se definieron instrumentos legales, circulan dos iniciativas: la publicación de estadísticas sobre los jueces que más fallos adversos dictan y el impulso de juicios políticos ante el Consejo de la Magistratura. El objetivo sería remover a magistrados y designar reemplazos en las vacantes abiertas.
Según fuentes oficialistas citadas por Infobae, los jueces laborales “son impunes”, “atrasan cien años” y no justifican sus ingresos, por lo cual “deben ser sometidos a jury y reemplazados”.
El plan del Gobierno se presentaría en paralelo a la ofensiva institucional por avanzar en reformas laborales y de seguridad jurídica. La propuesta también buscaría apoyo parlamentario y podría tramitarse con la elección de cargos prevista en octubre, ampliando así la influencia del oficialismo en un fuero clave.
